NATURALEZA Y DINÁMICA DE  LOS BIENES URBANOS DESAMORTIZADOS EN LA PROVINCIA DE CÁCERES 1836-1900. BALANCE DE LOS PRIMEROS RESULTADOS (y 2)

MANUEL ROSO DÍAZ

   La ley de 2 de Septiembre de 1841 estuvo vigente escasamente tres años. Su vinculación al partido progresista era tan evidente que un cambio político provocaría irremediablemente la suspensión o ralentización del proceso desamortizador.

   En efecto la llegada al poder del partido moderado interrumpió el curso de las ventas. El 26 de julio de 1844 el gobierno de Narváez suspendió las ventas de los bienes del Clero Secular y las de las comunidades religiosas de monjas hasta que el gobierno tomara nuevas medidas. En cualquier caso se aseguraba la legítima propiedad a quienes ya hubieran comprado los bienes.

   Poco tiempo después será Narváez el encargado de decretar la Ley de 3 de abril de 1845 por la que se disponía que los bienes del Clero Secular no enajenados y cuya venta se había mandado suspender se devolvieran al mismo clero.

   En la Provincia de Cáceres la llegada al poder del partido moderado supuso la ruptura de la dinámica desamortizadora tal como se venía desarrollando desde 1837. Desde Mendizábal asistimos a una tendencia alcista y continua de bienes enajenados que sufre el primer retroceso en 1844, como consecuencia del cambio político.

   Sin embargo, en este año todavía se contabiliza un volumen importante de subastas, noventa en total, que hace prever lo que ocurrirá en los años siguientes. Efectivamente en 1845 las subastas se han reducido considerablemente hasta alcanzar un total de 33 ventas, un 38 % menos de las efectuadas en el año anterior.

   En definitiva, como se puede observar, la suspensión de las ventas del Clero Secular implica una reducción cuantitativa muy importante de los bienes subastados.

   Durante los dos años siguientes las ventas se han reducido considerablemente, aunque en ningún momento, se paraliza el mecanismo de las subastas. El número total de bienes desamortizados a lo largo de 1846 y 1847 asciende a un total de 15, con 9 y 6 respectivamente. Es evidente la escasa relevancia numérica que tienen los bienes subastados a lo largo de estos dos últimos años.

   En el transcurso de estos cuatro años salen al mercado 59 bienes rematados en algo más de un millón de reales. De ellos 44 pertenecen al Clero Regular y los restantes se distribuyen entre instituciones de diversa procedencia: Maestrazgo de Alcántara, Mesa Maestral de Alcántara, Ramo de Loterías, Hacienda por débitos y Estado. En este período han salido a la venta cuantiosos y atractivos bienes (casas) procedentes del Monasterio de Guadalupe muchos de ellos infravalorados en su tasación y remate como consecuencia de importantes operaciones especuladoras y financieras.

   Posteriormente en 1847 salía a la luz un R.D, 7-IV-1847, que suponía el inicio de una tímida reactivación de las ventas al poner en circulación edificios conventos, bienes procedentes de ermitas, santuarios, hermandades y cofradías que aún eran propiedad del estado ya que no habían sido incluidas en la devolución acordada en 1845.

   En este año otro R.D. de 11-VI-1847 sacaba a la venta bienes de Maestrazgos y Encomiendas de las cuatro Órdenes Militares y la de San Juan de Jerusalén. Pero será otro decreto ya en el año siguiente, R.D. 1- V-1848 el que establezca las normas a seguir para la subasta de los bienes de esta Orden modificadas en 1852 cuando ya se habían vendido aproximadamente los dos tercios de los bienes.

   En efecto, entre 1848 y 1850 salieron al mercado 125 bienes de los cuales se vendieron 108, por un total de 3.837.275 reales.

   Asistimos además durante estos años a una fiebre inversora patente en las cotizaciones (1848, 127%; 1849, 170%; 1850, 269%) que había estado retenida en los años anteriores esperando la aparición en las subastas de bienes de buena calidad y en óptimas condiciones de rentabilidad.

   El siguiente gran paso del partido moderado, fue la firma, lenta y laboriosa, del Concordato con la Santa Sede en marzo de 1851 (19). En él se establecía la cuantía económica a la que debían ascender las dotaciones para el culto y clero y los fondos con que había de atenderse a dichas dotaciones. Se reconocía a la iglesia la capacidad de adquirir bienes a cambio de aceptar las ventas ya realizadas.

   En resumen, se daba por admitido el hecho de las desamortizaciones eclesiásticas. Y aunque no se llegaba a hacer expreso reconocimiento de la legitimidad de las compras de bienes eclesiásticos, la iglesia sí se comprometía a no cuestionar, de ninguna de las maneras, ni las adquisiciones, ni a los compradores de dichos bienes.

(19) J. M. Cuenca Toribio, Iglesia y burguesía en la España liberal, Ed. Pegaso, Madrid, 1979, págs. 175 y ss.; F. Tomás y Valiente, El marco político de la desamortización en España, Ed. Ariel quincenal, Barcelona, 1977 (3.ª edición), pág. 103.

   La firma del Concordato con la Santa Sede va a influir nuevamente y de manera notoria en la dinámica de las subastas.

   A partir de entonces se inicia una inflexión que lleva aparejada una reducción drástica de los bienes enajenados. En efecto, de 23 fincas vendidas en 1851 pasamos a 2 en 1853. En total salieron al mercado 26 bienes que fueron rematados en 225.930 reales. Sin duda, se trata de datos bastantes reveladores que nos hablan del final de la primera gran etapa desamortizadora del siglo XIX.

   Se trata de bienes de escasa relevancia procedentes fundamentalmente de Mostrencos y del Estado por débitos de censos que con un total de 17 subastas alcanzan el mayor número de ventas a los largo de estos tres años. Por otro lado, los bienes eclesiásticos puestos en circulación no alcanzaron las 10 subastas lo que nos indica el progresivo retroceso de las ventas así como el carácter circustancial de los bienes del clero subastados.

   La conclusión de la etapa desamortizadora conocida por extensión con el nombre de Mendizábal, que como sabemos el moderantismo ayudo a definir, concluye con la R.O del 10-II-1855, que por su contenido conecta con la etapa desamortizadora de Madoz.

b) La Desamortización General de Madoz 1855

   La Ley Desamortizadora de 1 de mayo de 1855 tuvo en Pascual Madoz su principal artífice. Madoz estuvo al frente del Ministerio de Hacienda de enero a julio de 1855. Durante ese corto período de tiempo se elaboró la ley y se dictaron las disposiciones más importantes.

   La Ley de Desamortización General de mayo de 1855 inagura un proceso desorbitado de ventas cuyo ritmo irá descendiendo a medida que avanza el siglo. Ello confiere, sin duda alguna, un carácter propio a dicho proceso que tendrá continuidad hasta la primera década de esta centuria.

Entre 1855 y 1856 el proceso desamortizador adquiere un desarrollo desconocido hasta entonces. En efecto, 287 fincas salieron a subasta por un valor de 3.159.647 rs repartidas entre distintos bienes: casas (252), hornos (6), pesqueras (5), molinos (4) y el resto repartido entre gran variedad de fincas: edificio, molino, tinado, pajar, ermita y solar.

   Atendiendo a su procedencia podemos señalar que la mayoría de las fincas vendidas proceden del Clero Secular repartidas entre: cabildo, catedral, fábricas parroquiales, curatos, cofradías y hermandades de clérigos, superando las 160 subastas.

   Los bienes de propios, beneficencia e instrucción pública aunque no alcanzaron tal volumen, 117 bienes, sí tienen una entidad bastante relevante fundamentalmente a partir de 1856 cuando el mecanismo de las subastas parecía consolidarse.

   Tras el fracaso de la coalición Espartero-O´Donnell el panorama político tomaba un matiz claramente conservador. El regreso de Narváez al gobierno supuso la restauración integra de la Constitución de 1845 junto a las proclamas más identificativas del partido moderado. En materia desamortizadora asistimos a la suspensión de las ventas por orden expresa de la Reina, proceso que se había iniciado con los bienes del Clero Secular por el R.D. de 13 de Septiembre de 1856 finalizando con el R.D. de 14 de Octubre de 1856 donde se establecía la suspensión de la legislación desamortizadora. Pero además se dejaban sin valor todas aquellas disposiciones que fueran contrarias a lo establecido en el Concordato realizado con la Santa Sede en 1851.

   Esta nueva etapa política detenía el pulso desamortizador. Y ello es fácilmente palpable en los años posteriores a 1856 donde de 170 subastas pasamos a una desaparición absoluta de las ventas en 1857 y a una única subasta en 1858.

   Poco después la inestabilidad política de la década de los cincuenta, las intrigas palaciegas y la actitud de la Corona terminarán con la vuelta de O´Donnell una vez más al poder a finales de junio de 1858.

   Y es bajo este nuevo proyecto donde encontramos nuevamente la reactivación del proceso desamortizador.

   El nuevo gobierno de la Unión Liberal por el R.D. de 2 de octubre de 1858 ponía nuevamente en circulación disposiciones y normativas procedentes de la legislación de mayo de 1855 y julio de 1856 destinadas a impulsar la desamortización y con ella el mecanismo de las subastas.

   Y en efecto, entre 1859 y 1868 salen al mercado 361 fincas urbanas por un valor de 2.067.668 rs.

   A lo largo de estos 9 años la procedencia de los bienes subastados varía sustancialmente respecto a lo ocurrido en anteriores etapas desamortizadoras.

   Las nuevas propiedades que la Ley de 1855 sacó al mercado permitió subastar cuantiosos bienes de carácter civil que procedentes de Hospitales, Propios, Beneficiencia e Instrucción pública constituyen el 61% de todo lo subastado entre 1859-1868. Y serán los bienes de Propios con 112 subastas y las Instituciones Benéficas con 75 las más afectadas por la nueva legislación desamortizadora.

   Por otro lado, la venta de bienes eclesiásticos alcanzó un exiguo 37% repartido entre un 33 % para el Clero Secular y un 4 % para el Regular. La importante reducción de los bienes del Clero en las subastas obedece a las importantes transferencias de bienes urbanos que el patrimonio eclesiástico experimenta desde 1837 con la Ley de Mendizábal. En efecto, gran parte de los bienes suceptibles de ser vendidos ya habían sido enajenados. Ello no evita sin embargo que ocasionalmente salgan a subasta pública bienes eclesiásticos de entidad relevante aunque en ningún momento se alcanzarán magnitudes parecidas a las etapas anteriores.

   Tras la dimisión del gobierno O´Donnell en 1863 se inicia una fase de gran inestabilidad política. Cambios ministeriales y gubernamentales finalizarán con el derrocamiento de Isabel II en 1868. Fueron estos años unos tiempos donde las fuerzas reaccionarias y progresistas impulsan —¡y vaya de que manera!— la dinámica política española.

   En efecto, tras un breve Gobierno Provisional asistiremos en 1871 a la instauración monárquica de Amadeo de Saboya que con una duración de dos años dejará vía libre a un proyecto republicano poco preparado y más preocupado de sus debates internos entre federalistas y unionistas que de las inquietudes sociales.

   A finales de 1874 el régimen republicano llegaba a su fin con el pronunciamiento militar de Martínez Campos.

   En estos siete años 1868-1874 salieron al mercado 150 bienes rematados en 596.290 rs. En este período se vendieron 76 fincas urbanas procedentes del Clero Secular entre Capellanías, Memorias, Cofradías y Clero constituyendo el 50 % de todo lo vendido. Los bienes enajenados de carácter civil presentan unas cifras similares alcanzando el 48% de las ventas y repartidos entre Propios, Instrucción, Hacienda y especialmente bajo la denominación genérica de «estado».

   De hecho, será la inestabilidad política del Sexenio y su posterior caos administrativo y jurídico junto a la gran crisis de subsistencia de 1868 (20) y sus efectos, los agentes causantes de la ralentización de las subastas.

   Sin embargo, no debemos olvidar tampoco que en los inicios de 1870 gran parte del patrimonio eclesiástico y civil suceptible de venta había salido ya al mercado.

   El período de la Restauración no supuso un revulsivo para el proceso desamortizador. Al contrario, en los últimos 25 años de la centuria pasada y en la primera década del siglo actual el número de ventas se reduce de manera progresiva no superando las 10 subastas anuales si exceptuamos lo ocurrido de manera coyuntural en 1875, 1881 y 1882 donde se alcanzan 38, 39 y 19 subastas respectivamente. Por otro lado también encontramos años donde no se contabilizaron subastas.

   Las 172 subastas realizadas en estos 22 años salieron al mercado por un valor cercano a los 700.000 rs lo que demuestra la escasa relevancia económica del proceso desamortizador en las postrimerías del siglo XIX.

(20) A. Costas Comesañas, Apogeo del liberalismo en la «Gloriosa». La reforma económica en el Sexenio liberal, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1988, pág. 39; y G. Tortella Casares, El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, Ed. Alianza Universidad, Madrid, 1994, pág. 121.

   La dinámica de las ventas en este período viene condicionada por el carácter residual y marginal de las subastas realizadas. Atendiendo a su procedencia debemos destacar 20 fincas procedentes del Clero Secular repartidas entre Capellanías, Memorias, Clero e Iglesia y 5 bienes del Clero Regular sin mayor trascendencia. Y es que serán los bienes de carácter civil —como era lógico suponer— los que alcancen un volumen de ventas mayor, cercano a las 150 subastas. En este grupo encontramos bienes de Propios, Beneficiencia o Instrucción aunque los más relevantes son los clasificados bajo la denominación génerica de «estado» donde ya no se establece la procedencia de los bienes al haber sido objeto de quiebras o ventas sin efecto en anteriores procesos desamortizadores. Situación que como señala R. Herr para la venta de bienes rústicos nos permite afirmar que los bienes subastados en los últimos años eran de baja calidad, gran parte de ellos ruinosos y de escasa rentabilidad para los posibles compradores.

   Y es que la venta de bienes nacionales no se consideraba ya un remedio verdaderamente eficaz para subsanar el déficit público. En efecto, entre 1850 y 1890 los ingresos provenientes de la desamortización fueron bastante menos de lo esperado (21).

IV. CONCLUSIÓN

   De acuerdo con el análisis anterior se pueden establecer los siguientes aspectos:

(21) G. Tortella Casares, op. cit., pág. 156 y del mismo autor: «La economía española, 1830-1900», pág. 135, en Manuel Tuñón de Lara (Dir). Historia de España. Tomo VIII. Revolución burguesa, Oligarquía y Constitucionalismo (1834-1923), Ed. Labor, Barcelona, 1993.

   a) Encontramos tres períodos claramente diferenciados, el primero de ellos vendría determinado por la legislación desamortizadora de Mendizábal y Espartero (1837-1843), donde podemos observar que tras las inquietudes iniciales (Crisis de Subsistencia y Guerras Carlistas) el proceso desamortizador se va consolidando como así lo demuestra el incremento del número de ventas anualmente, de 5 en 1837 a 151 en 1843. Incremento que se explica también por la procedencia de los bienes vendidos, sí en un primer momento sólo saldrán a subastas los propios del Clero Regular, con Espartero y con una legislación bastante activa salen al mercado fincas procedentes del Clero Secular.

   La segunda etapa (1844-1853) será fruto de los planteamientos conservadores y filocatólicos del partido moderado. La dinámica que el proceso desamortizador venía desarrollando desde 1837 sufre una ralentización importante aunque nunca llega a desaparecer. El decreto de 26 de

julio de 1844 por el que se suspendían las ventas del Clero Secular y la Ley del 3 de abril de 1845 que en su artículo único disponía que los bienes del Clero Secular no enajenados y cuya venta se había mandado suspender, se devolvieran al mismo Clero, tienen un rápido reflejo en el mecanismo de las subastas. Así en 1844 aunque se subasta un número importante de bienes, 90 en total, ya se comienzan a observar sus efectos, pero será sobre todo en los años 1845, 1846 y 1847 con 33, 6 y 9 subastas respectivamente donde mejor se aprecien los efectos de dicha legislación. Entre 1837 y 1853 se subastaron 522 bienes por valor de 8.904.810 rs.

   La Tercera etapa (1855-1900) se caracteriza por la aplicación de la legislación desamortizadora de Madoz. Entre 1855 y 1860 la máquina desamortizadora adquiere un volumen desorbitado de ventas a pesar de la paralización de los años 1857 y 1858 como consecuencia de la llegada de Narváez al poder. La llegada al gobierno de la Unión Liberal supuso una nueva reactivación de las subastas aunque ya no se volverán a alcanzar las magnitudes de años anteriores. Poco después con el Sexenio y la Restauración la desamortización de bienes urbanos entra en un marcado declive. A lo largo de estos 45 años salen a la venta 971 bienes por un valor de 6.494.669 rs.

   b) Los bienes urbanos vendidos en la primera etapa desamortizadora (Mendizábal-Espartero) son los más valorados en tasación y remate, y por lo tanto, los más apreciados por los compradores. Sin embargo, en la desamortización de Madoz aunque se subastan 971 bienes, éstos son de peor calidad y de menor estima a tenor de la tasación y de los reales invertidos.

(c) Archivo-Biblioteca. Diputación Provincial de Cáceres.