NATURALEZA Y DINÁMICA DE  LOS BIENES URBANOS DESAMORTIZADOS EN LA PROVINCIA DE CÁCERES 1836-1900. BALANCE DE LOS PRIMEROS RESULTADOS

MANUEL ROSO DÍAZ

I. INTRODUCCIÓN

   La desamortización de bienes urbanos no ha despertado el interés y la dedicación de los historiadores como hubiera sido necesario ante la gran trascendencia urbanística y económica de los bienes subastados (1). Y es que desde el primer momento las investigaciones se centraron en el análisis de la desamortización rústica y en sus efectos sobre el agro español. En efecto, el latifundismo, la concentración de la propiedad y el atraso de determinadas regiones y comarcas se convertían en los temas, cuando no en los resultados, de unas investigaciones realizadas más con determinados presupuestos ideológicos que a la luz de una metodología sería y rigurosa.

   En la actualidad las investigaciones sobre las diferentes etapas desamortizadoras siguen métodos más científicos y rigurosos, sin embargo, ya no se trata de un tema estrella para la historiografía. Por el contrario, se trata de un tema pasado de «moda» (2) que ha dejado múltiples interrogantes sin responder y reflexiones sin realizar. Aunque quizás sean los estudios sobre desamortización urbana los más perjudicados por una metodología errónea propia de un aparato teórico parcial o inexistente.

(1) P. García Colmenares, «La desamortización urbana», en Rueda G. (Dir). La desamortización de Mendizábal y Espartero, Ed. Cátedra. Madrid, 1986, pág. 94.

(2) J. García Pérez, «Efectos de la desamortización sobre la propiedad y los cultivos», en Rueda. G. (ed.). La Desamortización en la Península Ibérica, en Ayer (Revista de la Asociación de Historia Contemporánea de España), n.º 9, Madrid, 1993, págs. 105 y ss.

II. NATURALEZA Y CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA DE LOS BIENES VENDIDOS

   La desamortización de bienes urbanos se caracteriza a nivel tipológico por la existencia de una gran variedad en la naturaleza de las fincas objeto de subastas. Circunstancia que podemos considerar normal ante la diversidad de las instituciones afectadas por la desamortización (Clero —regular y secular— y Civil). Sin embargo, sería imposible realizar análisis operativos si trabajásemos con todos los tipos de fincas que nos ofrecen las fuentes. Ello nos obliga a establecer criterios metodológicos encaminados a sintetizar en varios conceptos tal diversidad de fincas. En nuestra investigación hemos podido seleccionar más de 70 (3) tipos de fincas aunque para su análisis las hemos agrupado en ocho conceptos:

(3) Recogemos a continuación la diversa naturaleza de los bienes urbanos subastados: Aceña (3), Acera (1), Barca (1), Barrería (1), Batán (2), Cárcel (2), Casa (980), Casa-cilla (23), Casa-venta-cerca (1), Casa-alhóndiga (2), Casa-bodega (15), Casabodegón (3), Casa-carnicería (10), Casa-enfermería (5), Casa-fragua (29), Casa-hospital (1), Casa-matadero (3), Casa-mesón (6), Casa-palacio (1), Casa-panera (2), Casaposada (5), Casa-pósito (2), Casa-taberna (1), Casa-taller (6), Casa-tercia (1), Casa y anexos (21), Caserón (1), Casilla (4), Castillo (1), Cerca (11), Cilla (1), Coro (1), Corral (21), Corralada (2), Cuadra (7), Cuartel (7), Cuarto (2), Charca (2), Desván (1), Edificio (10), Edificio-casa del gobernador (1), Edificio-colegio (1), Edificio-convento (39), Edificio-hospital (4), Edificio-polvorín (1), Edificio-teatro (1), Ermita (16), Escribanía (11), Finca (1), Foso (2), Fuerte (1), Heredad (1), Herrenal (1), Herrería (1), Horno (52), Hospital (4), Huerta (9), Iglesia (4), Lagar (13), Lavadero (1), Local (5), Molino (45), Muebles-enseres (1), Olivos (2), Pajar (9), Peso harinero (1), Pesquera (5), Portal (1), Secadero (7), Solar (56), Terreno (2), Tinado (1), Ventanas (1), Zahurda (1).

(4) En este concepto incluimos todos aquellos bienes que aparecen en las fuentes bajo la definición terminológica de «casas» y cuya utilidad inmediata es la de ser utilizada como vivienda. Nosotros además hemos agrupado bajo este término los bienes que perfeccionan, mejoran o complementan la utilidad urbana de este tipo de edificio: Casa, Casapalacio, Casa y anexos, Caserón, Cuarto, Desván, Corral, Casa-gobernador, Muebles-enseres, Portal y Ventanas.

(5) En este concepto incluimos todos aquellos bienes que se caracterizan por disponer de unas instalaciones que permiten transformar de diferente manera una materia prima inicial ya sea procedente del ámbito agrario o industrial: Aceña, Barrería, Batán, Casafragua, Casa-matadero, Casa-taller, Herrería, Horno, Tejar, Lagar, Lavadero, Molino, Peso harinero, Pesquera, Secadero y Zahurda.

(6) Bajo esta terminología hemos agrupado aquellos bienes cuya función principal es centralizar y en bastantes ocasiones, vender la producción resultante de las actividades agrícolas y ganaderas. No se realiza, en ningún caso, transferencia o elaboración de los productos destinados a la venta: Barca, Casa-cilla, Casa-venta-cerca, Casa-alhóndiga, Casa-bodega, Casa-bodegón, Casa-carnicería, Casa-mesón, Casa-panera, Casa-posada, Casa-pósito, Casataberna, Casa-tercia, Casilla, Cilla, Corralada, Cuadra, Cuartel, Edificio-polvorín y Tinado.

(7) En este concepto incluimos todos aquellos edificios o bienes que han sido utilizados por las instituciones religiosas tanto seculares como regulares: Coro, Convento, Ermita e Iglesia.

(8) En este concepto incluimos aquellos bienes vinculados a la salud pública y a su tratamiento: Casa-enfermería, Casa-hospital, Edificio-hospital y Hospital.

(9) Bajo este concepto recogemos aquellos bienes que fueron vendidos sin especificar su procedencia y dedicación anterior aunque muestran un espacio arquitectónico claramente configurado: Edificios, Local y Solar.

(10) En este concepto incluimos bienes que no siendo estrictamente urbanos si responden por su ubicación a unos límites estrictamente urbanos: Cerca, Finca, Foso, Fuerte, Charca, Heredad, Herrenal, Huerta, Olivos, Terreno y Acera.

(11) En este concepto hemos incluido aquellos bienes que por su escasa representatividad no permiten elaborar una tipología definida: Cárcel, Castillo, Colegio y Escribanía.

   Como podemos observar el 69,18 % de las fincas subastadas eran casas destinadas a viviendas. Los edificios industriales alcanzan un 11,5 % y los edificios de almacén y abastecimiento un 6,35 %. El resto de los bienes subastados (edificios religiosos, beneficiencia y servicios hospitalarios, edificios urbanos sin estructura definida, bienes no urbanos y otros)

no supera en ningún caso el 5%.

   La desamortización afectó de manera mayoritaria a los edificios urbanos definidos tipológicamente como «casas» (12). Y la explicación es bien sencilla si entendemos que se trata de una serie de bienes cuya presencia vertebra el tejido urbano de las ciudades. Sin embargo, nosotros sin olvidar la reflexión anterior, somos partidarios de un razonamiento más complejo que nos lleva a considerar una serie de factores hasta entonces poco estudiados. En efecto, la Guerra de la Independencia, las Guerras Carlistas (13), las alternancias políticas, o las crisis de subsistencia (14), fueron deteriorando progresivamente las condiciones de vida materiales y económicas de una población en crecimiento cuyos retrocesos no hacían sino ralentizar un proceso de mayor envergadura.

(12) Las «casas» fueron los bienes urbanos mayoritoriamente vendidos en el resto del territorio nacional. García Colmenares, P. «La desamortización urbana», en Rueda, G. (Dr), op. cit., pág 102.

(13) J. García Pérez, F. Sánchez Marroyo, y M. J. Merinero, Historia de Extremadura, tomo IV, Ed. Universitas, Cáceres, 1985.

   Este panorama iría transformándose progresivamente a medida que las coyunturas de mayor prosperidad ofrecían una mayor seguridad económica. Y es, en este momento, cuando se manifiesta un claro deseo de acceder a la propiedad mediante la compra de bienes urbanos (viviendas, solares, edificios industriales diversos, etc.) que permitiese a la población mejorar su calidad de vida y sus perspectivas económicas.

   A tenor de nuestras investigaciones este proceso fue posible gracias a la desamortización de bienes urbanos ocurrida a lo largo del siglo XIX. Evidentemente no estamos ante un fenómeno masivo que permitiese la compra de una nueva vivienda pero si de una dinámica que admitía y abría la posibilidad de flexibilizar un mercado inmobiliario excesivamente inelástico y raquítico como era el de Antiguo Régimen (15).

   En relación a los bienes pertenecientes a Conventos y Monasterios es palpable que su supresión estuvo más determinada en alguna ocasión por el apoyo que ciertas órdenes prestaron a los movimientos antiliberales. Guadalupe constituye un ejemplo paradigmático. Los monjes del monasterio instigan y colaboran en varias partidas realistas. Su antiliberalismo llevará a los gobernantes del Trienio a publicar la Orden de 24 de Junio de 1822 (16) que establecía la dispersión y distribución de los monjes de este monasterio entre las siete casas que subsistían.

(14) F. Sánchez Marroyo, Dehesas y Terratenientes en Extremadura. La propiedad de la tierra en la Provincia de Cáceres en los siglos XIX y XX. Ed. Asamblea de Extremadura, Mérida, 1993, págs. 285 y ss.; J. García Pérez, «La Crisis de Subsistencia de 1857. Descripción, análisis y reacciones que provoca en la provincia de Cáceres», en Revista Norba, n.º 2, Cáceres, 1981, págs. 246 y 249; y M. J. Merinero Martín, «La Crisis alimenticia de 1868: un análisis provincial» en Revista Norba, n.º 6. Cáceres. 1985, pág 131.

(15) Los primeros resultados parecen confirmar la necesidad de nuevas viviendas y la escasa flexibilidad del mercado inmobiliario. A.H.P. de Cáceres. Sección: Protocolos Notariales. Notario: Francisco Andrada Rodríguez. Año 1800. Legajo 3.520. Fols. 85 y ss. Expediente de venta de una casa en Cáceres, en la calle Peña como resultado de la aplicación del R. D. 19 de Septiembre 1798. Los peritos tasadores al realizar sus informes parecen confirmar nuestros argumentos: «...esta amenazando ruina total. La pretende dar (el comprador) como solar ante la imposibilidad de reedificarla. Y por la necesidad que hay en esta villa de Cáceres de casas, se hallan con morador ...» y Melón Jiménez, M. A. «La desamortización de 1798 en el Partido de Cáceres» en Revista Norba, n.º 5, 1984, págs. 200 y ss.

(16) T. Martín Martín, «La Desamortización en Extremadura» en Revista de Estudios Extremeños. Tomo XXXI, n.º 1, Año 1975, pág. 34.

   Pero será la Orden de 1 Octubre de 1820 la que suprima el mayor número de centros religiosos en Extremadura: Hospitalarios de Badajoz, Mérida y Llerena; Monasterios de San Benito de Alcántara y los Monasterios de Yuste y Guadalupe. Pero una cuestión es que esos conventos fueran suprimidos e incluso sus monjes expulsados y otra que sus propiedades pasaran a formar parte de los Bienes Nacionales.

   Exclaustración y desamortización son conceptos diferentes aunque muchos autores los confunden con bastante frecuencia. Lo cierto es que el tiempo transcurrido entre la expulsión de los monjes de monasterios y conventos y los procesos destinados a sacar en subasta pública los edificios religiosos que éstos ocupaban, fue tan grande que, en líneas generales, éstos se deterioraban y perdían gran parte de su valor (17). Por otro lado debemos limitar el teórico impacto que el proceso desamortizador tuvo sobre el patrimonio artístico (18) cacereño. Gran parte de los conventos y monasterios que albergaban obras de arte habían sufrido los efectos de la Guerra de la Independencia y las guerras Carlistas, sin olvidar el propio declive de las instituciones religiosas, poco acordes ya con los nuevos tiempos que el Estado Liberal parecía confirmar.

   Los edificios industriales se encontraban en su mayoría ruinosos lo que nos permite entender el escaso valor alcanzado en el proceso de subasta. No debemos olvidar que nos encontramos en una provincia eminentemente rural donde los establecimientos de este tipo no tienen, como

es lógico, la importancia que pueden experimentar en zonas más desarrolladas a nivel industrial. Generalmente el destino definitivo de estos edificios era la demolición y sus escombros fueron utilizados como mate riales de construcción ya que raramente eran puestos de nuevo en funcionamiento.

(17) J. Bello, Frailes, intendentes y políticos. Ed. Taurus, Madrid, 1997. Según esta autora estos edificios después de ser asimilados por el estado no recibieron el cuidado necesario por parte de las instituciones, págs. 55 y ss.

(18) F. J. Pizarro Gómez, «Abandono y ruina de la Arquitectura trujillana durante el siglo XIX», págs. 54 y ss., en Norba II. Cáceres, 1982, y del mismo autor, «Consecuencias de la desamortización en la arquitectura religiosa cacereña», págs. 199 y ss., en Actas del VIII Congreso de Estudios Extremeños. Ed. Institución Cultural el Brocense. Diputación de Cáceres e Institución Cultural Pedro de Valencia. Diputación de Badajoz. Cáceres. 1983.

   Los bienes no urbanos carecen de importancia en un análisis de estas características pero adquieren una gran relevancia cuando pretendemos examinar las modificaciones que experimenta la ciudad a lo largo del siglo XIX pues gracias a los remates y a su demanda sabremos que zonas son las más propicias a nivel urbanístico para realizar operaciones inmobiliarias.

   Por último, los Edificios sin estructura definida, constituyen toda una variada gama de solares y locales de gran importancia donde especuladores y compradores realizan sus inversiones sabiendo de antemano la revalorización que a posteriori tienen este tipo de bienes. Ello nos ha permitido deducir porqué determinados edificios de esta naturaleza adquirieron unos remates muy elevados frente a otros de menor importancia.

   El resto de los bienes subastados no configuran unos modelos de inversión tan definidos como los anteriores y se trata, en cualquier caso, de ventas reducidas que adquieren un carácter secundario.

III. LA DINÁMICA DE LAS VENTAS (1836-1900)

a) La Desamortización de Mendizábal y Espartero

   Antes de la subida al poder de Mendizabal se promulgaron dos R. D. (15 julio 1834 y 4 julio 1835 ) por los que se suprimía la Inquisición y la Compañía de Jesús adjudicando sus bienes a la extinción de la Deuda Pública. El mismo mes de julio de 1835 se promulgaba otro decreto suprimiendo los conventos y monasterios que no tuvieran como mínimo 12 individuos profesos, aplicando sus bienes también a la extinción de la deuda. Todos estos Reales Decretos preparan el camino jurídico, social y económico para la gran etapa desamortizadora de Mendizábal y Espartero.

   La mayoría de los autores coinciden en señalar que Mendizábal pretendía utilizar las ventas de los bienes nacionales para solucionar el problema del Crédito Público.

   La legislación desamortizadora que Mendizábal planteó desde el Ministerio de Hacienda no cumplió los objetivos planteados en su inicio.

   Sin duda alguna, son los R. D. de 8-III-1836 por el que se suprimen todas las casas de religiosos y el de 29 julio 1837 que extiende la supresión a conventos y monasterios de religiosas, dos de los decretos más importantes y de mayor trascendencia no sólo de su trayectoria política sino de todas las medidas desamortizadoras promulgadas durante la centuria pasada.

   En este contexto legal, y de manera similar al resto del territorio nacional, comienzan a producirse las ventas de bienes del Clero Regular en la Provincia de Cáceres.

   Encontramos dos períodos atendiendo al origen de los bienes subastados:

Primer período: 1836-1841

   Tras la aprobación de R.D. 19-II-1836 tendremos que esperar a 1837 para encontrar las primeras ventas de bienes urbanos. El volumen enajenado fue muy reducido y de escasa identidad. Se remataron cinco casas, dos en Cáceres y tres en Plasencia.

   Este inicio titubeante y rezagado de las ventas se mantiene hasta 1840 , pues en 1838 no hemos constatado ningún remate y entre los años 1839-1840 las subastas alcanzan un número máximo de veinte. La lentitud inicial del proceso tiene razones de diversa índole. En primer lugar, la lentitud de la máquina desamortizadora. El retraso en la tramitación de los inventarios, circulares y boletines ponía de manifiesto una administración ineficaz y poco experta. En segunda lugar, la incertidumbre e inquietud de los potenciales compradores ante un régimen político no excesivamente consolidado, que debía hacer frente a la guerra carlista y a sus partidas. La presencia de éstas durante los años 1836 y 1837 desestabilizaron económica y socialmente gran parte del territorio cacereño.

   Entre 1837 y septiembre de 1841 salieron a subasta 38 bienes valorados en 854.061 rs. De ellos 29 pertenecían al Clero Regular y los 9 restantes aparecen repartidos entre las Encomiendas de Alcuescar, Fuentisdueñas y de Belvís y Navarra.

   En cuanto a las propiedades eclesiásticas vendidas podemos afirmar que se encuentran muy dispersas por toda la geografía provincial afectando además a un buen número de congregaciones religiosas: Religiosas de Santa Clara, Religiosas de San Pedro, Religiosas de la Concepción, Religiosas de Jesús, Religiosas Agustinas Recoletas, Religiosas de San Idelfonso, Religiosos Dominicos, Religiosas de los Remedios, Religiosas de Santo Domingo de Orellana la Vieja, Religiosas Carmelitas, Religiosos Agustinos, Religiosos Gerónimos del Escorial y Religiosos de San Francisco.

   La dinámica de las ventas en este primer período nos permite asegurar que el patrimonio urbano del Clero Regular no fue vendido de manera masiva en sus inicios debido como hemos visto al carácter reducido y disperso de las ventas tanto entre distintos núcleos urbanos como entre diversas congregaciones religiosas. De esta manera quedaban todavía a la espera cuantiosos bienes dispuestos para su venta en posteriores etapas desamortizadoras.

   Sin embargo, esta circustancia no debe oscurecer en ningún caso el triunfo de la empresa desamortizadora. Si comparamos el número de subastas celebradas con el de aquellas que fueron rematadas encontraremos una coincidencia exacta a lo largo de estos años. En efecto, asistimos a un claro equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes nacionales.

   La inestabilidad gubernamental y la renuncia de la Regente a la Corona finalizará con la llegada de Espartero al poder.

Segundo período: 1841-1844

   La nueva etapa progresista se inaguraba con la Regencia de Espartero quien decretaba la desamortización de bienes del Clero Secular por medio de la Ley de 2 de Septiembre 1841 como medida encaminada a lograr la mejora de la Hacienda.

   En el año 1841 no se advierten en las subastas la enajenación de los bienes del clero secular. En efecto sólo encontramos bienes pertenecientes a órdenes religiosas regulares, aunque también se registra algún caso de bienes civiles pertenecientes a encomiendas.

   Progresivamente el proceso desamortizador se va extendiendo por todo el territorio provincial.

   El verdadero aluvión de subastas se produjo entre 1842 y 1843.

   En 1842 se observa un incremento de las ventas como consecuencia de la tendencia alcista que el proceso desamortizador experimenta bajo la seguridad y consolidación del nuevo régimen. Panorama que además es patente para todo el conjunto del país como demuestra la extensión del proceso a la mayoría de las provincias y la alta cotización obtenida en las subastas durante este año.

   Sin embargo, en la provincia cacereña debemos esperar hasta el mes de Junio para encontrar las primeras subastas de bienes procedentes del Clero Secular. Se trata de 3 bienes de escasa importancia si los comparamos con el resto de los bienes enajenados. Nuevamente el Clero Regular con 38 subastas se convierte en el mayor afectado por la desamortización.

   Bienes, algunos de ellos de especial relevancia por encontrarse localizados en el centro del casco urbano como sucede en Coria y Plasencia.

   También destacamos la enajenación de bienes procedentes de la Mesa Maestral de Alcántara, la Encomienda de Portezuelo y la Encomienda de Belvís y Navarra de escasa relevancia tanto por el número de bienes como por su naturaleza.

   A lo largo 1843 salen a subasta 151 bienes urbanos de los que se rematan 101, por un valor de 2.025.530 reales. Aunque la cotización (130,11 %) no es excesivamente alta, las ventas se disparan en toda la Provincia y raro es el término municipal donde no se observa alguna transferencia. Pero además advertimos un cambio cualitativo en la naturaleza de los bienes subastados. Al mayor volumen que presentan indudablemente las casas con 102 subastas, se le suman de manera generalizada otros bienes: molinos, edificios-conventos y casas-bodegas con catorce, cinco y cuatro subastas respectivamente. El resto de los bienes subastados tendrán escasa relevancia: casa-corral, casa-taller, casa-posada, casa-mesón, casa-bodega, casa-enfermería, cercado, solar-casa, corral, cerca, horno, ermita, cuadra, solar-corral, solar-escombros, Iglesia, haceña, charca, acera, ventanas, lagartahona, y solar.

   Prácticamente todos los partidos judiciales (excepto Logrosán y Valencia de Alcántara) se encuentran afectados en mayor o menor medidas por la venta de bienes.

   Los partidos de Plasencia, Cáceres y Coria, con 57, 25 y 23 subastas respectivamente concentran el mayor número de subastas realizadas en 1843. Y es lógico si pensamos el gran volumen de fincas que procedentes del Clero Secular salieron a subasta en estas zonas donde se encontraban establecidos los principales centros religiosos de la Provincia.

   En Plasencia y Coria la existencia de sus catedrales con sus correspondientes cabildos, curatos y fábricas parroquiales y Cáceres, con su elevado número de parroquias, generaron una cantidad considerable de fincas (y no sólo en este período) sujetas a la legislación desamortizadora. En el resto de los partidos judiciales, las ventas no alcanzaron un volumen tan elevado.

(c) Archivo-Biblioteca. Diputación Provincial de Cáceres.